¿Por qué se escandalizan?

Los sucesos del sábado pasado en la feria del libro de Bogotá han suscitado escandalizadas reacciones en diferentes medios (desde las élites intelectuales aterradas hasta los medios masivos complacientes). El hecho concreto lo desencadenó una sesión de autógrafos programada por un joven youtuber chileno. El exitoso evento logró infartar la entrada a la feria, pues hacia mediodía se había vendido la totalidad de la boletería para esa jornada, lo que generó un caos insospechado en la entrada de Corferias y la necesidad de recurrir incluso a la policía para controlar a muchos frustrados jóvenes lectores quienes, junto con sus quizás también frustrados padres, no pudieron acceder ese día a la feria.

Según parece, hay muchas situaciones que, en este caso particular, pueden escandalizar a los asiduos de la feria. Primero, los errores logísticos de los organizadores de Corferias. En medio del recorrido por los pabellones, se oía por los parlantes el anuncio sobre la falta de boletas y uno no podía sino preguntarse si se trataba de una broma tropical. No podía ser cierto. Se trataba seguro de un error.

Por otra parte, uno podría estar escandalizado por lo tragicómico de la situación: un youtuber que apenas puede formular una frase sin errores de sintaxis “escribe” un libro del que fácilmente se puede suponer el grado de mediocridad y sin embargo logra que varios miles de jóvenes compren el libraco y hagan filas bajo la lluvia, mientras que a muy pocos visitantes les es familiar el nombre del invitado estrella de la feria, el afamado escritor holandés Cees Nooteboom, quien además daba una charla ese día en uno de los auditorios principales.

Una última cosa podría escandalizar: la coincidencia de los dos eventos, que insinúa una equivalencia entre Nooteboom y el youtuber. Allí, me parece, se encuentra lo verdaderamente escandaloso del asunto. Los problemas logísticos, de hecho, probablemente no se habrían presentado de haber situado en el espacio adecuado al youtuber: llévenlo a un centro comercial.

Lo segundo tampoco es realmente escandaloso. Siempre ha existido una frontera entre la cultura de masas y la cultura clásica. Desde luego, la primera siempre se ha tratado de un fenómeno mediático, mientras que la segunda es necesariamente impulsada por personas excepcionales y nunca ha llamado la atención a las muchedumbres. Eso no es nuevo. Nadie debe escandalizarse por la exclusividad del latín, o por la difusión del analfabetismo funcional en nuestra sociedad.

La coincidencia, por el contrario, sí escandaliza, pues es una evidencia de la tesis de Ortega: la cultura popular no es nueva, lo problemático es el lugar que quiere revindicar para sí en nuestros tiempos. No se contenta con ser una cultura empobrecida, sino que desea ser imitada, replicada y exaltada.

Los sucesos del sábado nos ilustran sobre la transformación del libro como vehículo de la cultura clásica. No existe más la oposición entre el libro y la televisión o el internet. El mundo editorial también se ha masificado y con ello el libro ha dejado de ser el lugar tradicional del cultivo del alma.

Lo que los sucesos del sábado nos recuerdan es que la afirmación “yo soy un lector entusiasta” puede ser una afirmación dudosa y poco fiable, pues no siempre indica que la persona detrás de la afirmación sea un humanista. Siempre hay que preguntar: “¿y usted qué lee?”.

 

 

 

 

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Laicidad y derechos: lecciones del Brasil para Colombia

Por ser una de las mayores conquistas de la democracia moderna, la laicidad se toma como un hecho dado, como un triunfo que ya no requiere más ni de vigilancia, ni de cuidado. No obstante esta creencia, sí se puede perder lo logrado por estas conquistas y puede presentarse un retroceso en los valores democráticos que sirven para sustentar las instituciones encargadas de defender los derechos de los ciudadanos.

Recientemente, el periodista Antonio Jiménez Barca del diario El País[i], informaba sobre dos proyectos (uno en curso y otro ya aprobado) del parlamento brasilero que ilustran bien los peligros que acarrea para una democracia el desconocimiento de los principios laicos. Las propuestas en concreto consisten en a) la restricción de los derechos de las mujeres violadas a la hora de abortar y b) el establecimiento de un derecho de veto para las iglesias católica y evangélica a las leyes que – según su parecer – sean inconstitucionales.

imagen de http://www.infobae.com
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La penalización del aborto y la existencia de mecanismos para vetar leyes inconstitucionales no son en sí problemáticos, ni atentan contra la existencia de las instituciones democráticas, ni contra los valores que la inspiran. De hecho, la primera puede justificarse en la garantía del derecho a la vida, que es piedra angular de los demás derechos; y la segunda es parte esencial de los controles que existen para la supervivencia institucional de la democracia.

Lo peligroso en el escenario brasilero es que estos proyectos, que han sido impulsados por el Partido do Movimento Democrático Brasileiro a través de Eduardo Cunha – uno de los representantes más recalcitrantes de los movimientos evangélicos pentecostales del Brasil contemporáneo y actual presidente de la cámara de representantes de ese país –, no se apoyan en un debate público que expone sus razones, sino que quieren imponer las verdades dictaminadas por su iglesia.

Para comprender las razones de esto, basta con recordar que en el caso del Brasil los movimientos evangélicos pentecostales aglutinan una población proveniente de los sectores menos privilegiados de la sociedad[ii]. Debido a la desatención del Estado en la prestación de los derechos básicos de acceso a la educación, esta población es a) fundamentalmente inculta (las graves insuficiencias en su educación escolar básica y secundaria explican también su hostilidad a los valores de la república) y b) adversa a fuentes de información distintas a las de sus líderes religiosos.

A diferencia del caso brasilero actual, una democracia sólida existe gracias a la formación de una ciudadanía educada, con un acceso plural a la información y a las herramientas y los espacios para desarrollar un debate público. Por ello, no es banal la coincidencia entre el tipo de mentalidad propio de los evangélicos pentecostales y el deterioro de la democracia en un país.

Ahora bien, una sociedad democrática podría restringir o prohibir el aborto, pero nunca aduciendo simplemente a un dictamen divino (el primer mandamiento, por ejemplo) como una verdad eterna e incuestionable, pues ahí no hay argumento, ni discusión, ni acuerdo; ahí lo que ocurre es la imposición de un punto de vista y la anulación de la vida democrática.

En ese mismo orden, una sociedad podría acordar la existencia de mecanismos de veto, pero sólo para garantizar la pervivencia de la democracia e impedir las medidas que la amenazan; nunca para anular la pluralidad, como parece pretenderse en el caso brasilero, en donde el veto de las iglesias serviría sólo para adecuar las leyes civiles con sus artículos de fe, degradando con esto la vitalidad de la democracia y desintegrando la salvaguarda de los derechos de los individuos.

Como lo recuerda uno de los pensadores más lúcidos de nuestros tiempos, el escritor italiano Claudio Magris[iii], el problema radica en ignorar los ámbitos de competencia de cada esfera, en mezclar sus competencias y en burlar las fronteras. En una verdadera democracia sólo pueden tener cabida las decisiones que resultan de un debate abierto en donde se confrontan argumentos demostrables, no las que quieren respaldarse en una creencia religiosa. Algo que, irónicamente, ya se encuentra afirmado en el pensamiento cristiano en la frase “al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”.

Como se puede ver, la vigilancia de los ciudadanos y de la existencia de instituciones sólidas son necesarios para la vitalidad de nuestros valores democráticos, sin los cuales se menoscaban las bases que permiten la existencia no sólo de nuestros derechos, sino también de la pluralidad de nuestra vida pública, que es una condición para disfrutarlos.

El caso brasilero podría instruirnos sobre las amenazas que se ciernen sobre una democracia cuando sus ciudadanos no cultivan un debate inteligente y respetuoso de los asuntos públicos y cuando se permite que la intransigencia (clerical o no) imponga su punto de vista y rechace el diálogo.

Pese a los recientes avances que en Colombia se han dado en torno los derechos de las comunidades LGBTTI y a los derechos de las mujeres en general, existen grupos cercanos del catolicismo tradicionalista y a varias iglesias cristianas protestantes que se obstinan en negar la laicidad de nuestro Estado, tal como sucede en Brasil.

Y aunque el talante de las decisiones sobre la adopción igualitaria y la legalización del aborto ha promovido la tolerancia y ha contribuido a la desmitificación de ciertos temas necesariamente públicos, lo cierto es que estos temas no se han discutido verdaderamente en los escenarios públicos democráticos, pues ha sido una discusión fundamentalmente liderada por la Corte constitucional, pero alejada de escenarios de participación formal e informal. Para que no progrese el boicot que quiere revocar estos avances, es entonces fundamental entender la importancia de asumir la defensa ciudadana de los mismos.

[i] http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/07/actualidad/1446928156_107006.html

[ii] Bohn, Simone R. (2004) “Evangélicos no Brasil: perfil socioeconômico, afinidades ideológicas e determinantes do comportamento eleitoral” . Opin. Publica. 2004, vol.10, n.2, pp. 288-338.

[iii] Este argumento lo desarrolla en su corto ensayo “Laicidad: la gran incomprendida” en La historia no ha terminado. (2008) Anagrama.

Colombia ¿una loba vestida de oveja?

fuente: revista Semana. www.semana.com
fuente: revista Semana. http://www.semana.com

La paradoja colombiana se encuentra en la convivencia – casi burlona – entre, por una parte, los buenos resultados económicos (disminución del desempleo y de la inflación, aumento de la inversión y del PIB) y los avances sociales e institucionales de los últimos años y, por otra, un conflicto que durante décadas ha producido 250.000 muertes, 5.000.000 de desplazados y ha destruido la posibilidad de una verdadera discusión democrática.

¿Esta paradoja es real? Es decir ¡puede realmente existir una democracia sin vida democrática? Tal vez el panorama es mucho más oscuro de lo que parece. Las promesas económicas son el resultado de una forma de medir que proyecta un crecimiento general sin tener en cuenta que este apenas si tiene efectos sobre una parte de la población (más del 60% de la población activa colombiana vive en la informalidad) que sigue – y seguirá, ya que se ignora – viviendo al margen de las cifras y de las promesas trazadas por la clase política nacional.

De igual forma los supuestos avances socio institucionales son más el resultado de un espejismo que una realidad concreta. La última década ha probado – en el sistema judicial en su totalidad y en las instituciones políticas empezando por el congreso, para citar los ejemplos más insultantes – que el desmantelamiento institucional es un hecho que va mucho más allá de la percepción negativa expresada por la ciudadanía.

Así las cosas, la paradoja colombiana no es tal. Primero, porque no puede existir una democracia sin vida democrática y, segundo, porque los supuestos avances son resultado – como se ve – de una percepción tergiversada. Hay, eso sí, instituciones que se quieren, o se dicen, democráticas, pero que están tan deslegitimadas desde la opinión pública como deterioradas en su funcionamiento cotidiano.

Y sin embargo, en la sociedad colombiana hay quienes no sólo se atreven a defender la vitalidad de las instituciones, sino que además se niegan a comprender la complejidad del conflicto colombiano. Hay quienes afirman que el proceso de desmovilizaciones de los paramilitares ha sido un éxito rotundo y que, para terminar con el conflicto, sólo es necesario acabar militarmente con los grupos guerrilleros. Como si, además, fuera posible distinguir tan fácilmente el bien del mal. Como si, confundidos entre esos grupos, no existieran legítimas movilizaciones campesinas tachadas de grupos guerrilleros vestidos de civil, o como si al interior del Estado sólo hubiera políticos bienintencionados buscando acabar con el conflicto. Como sí, finalmente, un día después de acabar militarmente con los “malos” del país pudiéramos amanecer en un paraíso refundado.

Y sobre todo esto parece, además, que los candidatos no están interesados en proponer soluciones inteligentes, bien porque no son inteligentes, bien porque no tienen soluciones. Por eso, tal vez, la campaña electoral no existe; porque sus candidatos principales se ocultan tras los escándalos y porque ni los medios ni los ciudadanos se permiten escuchar a los otros candidatos.

Desde luego, a ningún país le gustaría reconocer sus falencias en el ámbito democrático. A ninguno caer en el grupo de los rotulados como “Estado fallidos” o “democracias de garaje”, pero – por muy molesto que suene – el debate electoral colombiano es signo insoslayable de la inexistencia de un verdadero debate democrático en el país. ¿La culpa es de los candidatos? Sí, parcialmente. Pero también de los medios de comunicación, que actúan de manera irresponsable; y de los ciudadanos, tanto de los apáticos, como de los radicales.

Carandirú: una historia que no puede repetirse

En estas últimas semanas ha finalizado el juicio de uno de los episodios más oscuros de la historia brasilera reciente: la masacre de Carandirú. El resultado ha sido la condena de 73 policías con unas penas que, sumadas, superan los 20 mil años en la cárcel.

Fuente: http://www.abc.es/internacional/20130421/abci-brasil-condena-policias-matanza-201304212032.html
Fuente: http://www.abc.es/internacional/20130421/abci-brasil-condena-policias-matanza-201304212032.html

El 2 de octubre de 1992 se presentó en una de las cárceles brasileras más importantes de la época,  un motín motivado por las condiciones de hacinamiento e insalubridad. La reacción desproporcionada de la fuerza pública arrojó un saldo de 111 muertos.

Con un fallo que llegó 21 años después, la presidenta Dilma Roussef ha declarado con orgullo que se trata de un duro golpe a la impunidad. Cabe decir sin embargo que durante este largo período los victimarios estuvieron en libertad y varios de ellos murieron sin recibir ningún tipo de juicio.

A partir de este evento es posible reflexionar acerca de tres problemáticas que estaban presentes en 1992 y que persisten en América Latina a pesar de los diferentes avances que se han hecho en la región en materia de derechos humanos.

Impunidad:

Uno de los obstáculos para la construcción de paz en la región ha sido la incapacidad de nuestros sistemas judiciales para imponer penas contra los victimarios. La consecuencia más grave suele ser el hecho de que la sociedad civil se tome la justicia por sus manos y se arme en grupos de autodefensas.  La historia reciente de países como Colombia, demuestra que este fenómeno puede convertirse en un arma de doble filo para los Estados.

Sin embargo, es importante reconocer la labor de diferentes Estados y organismos multilaterales como la OEA a través de su Comisión Interamericana de Derechos Humanos para avanzar en la reducción de la impunidad y la comprensión de su impacto negativo, no solo para la protección de los derechos civiles, sino también para los derechos económicos y culturales.

Quedan, de todos modos, varios desafíos en el ámbito de la justicia para construir una paz más sólida y duradera y, a pesar de que el fallo sobre Carandirú es una demostración del avance en la respuesta de la justicia, no podemos olvidar que es una respuesta que ha llegado tarde para algunas de las víctimas.

El rol de la fuerza pública:

Otro tema que ha venido avanzando positivamente en la región es el de la transformación del rol de la fuerza pública, pues se ha comprendido que juegan un papel fundamental en la construcción de la paz así como lo han jugado en la guerra (sea como agentes defensores de la población o sea como agentes perpetuadores de la violencia y el conflicto).

La reacción de la policía brasilera en el caso Carandirú fue, a todas luces, violatoria de los derechos humanos, y es probable que haya representado una amarga lección para la fuerza pública brasilera. Lamentablemente, en América Latina siguieron presentándose situaciones de abuso de la autoridad por parte de la institución policial y militar y es por ello que es necesario seguir avanzando en el reconocimiento de estas situaciones y en las medidas judiciales para este tipo de abusos con el fin de no repetir la historia.

Condiciones carcelarias:

Según el criminólogo Elías Carranza, la situación penitenciaria en América Latina tiene dos grandes problemáticas: a) el espacio físico en las prisiones y la sobrepoblación (hacinamiento) b) la cantidad, selección y formación de personal penitenciario.

Varios son los ejemplos en que uno de los dos factores llevan al deterioro de los derechos  humanos de los prisioneros: en Honduras, murieron 356 reos en un incendio provocado por ellos mismos a raíz de las rivalidades de dos bandos[1]. En Colombia, los brotes de hepatitis o de dengue se han vuelto comunes en las cárceles. [2]

Esta situación pone en alarma el sistema judicial y penitenciario latinoamericano, pues no sólo habla de la debilidad en la defensa de los derechos de esta población sino de un enfoque erróneo del sistema carcelario en el cual se privilegia el castigo como medida de justicia sobre la posibilidad de la rehabilitación.

Recordemos que la razón principal del motín realizado por los reos en 1992 fueron las precarias condiciones en las que vivían. A 2014, sigue siendo el problema más visible en las cárceles y sobre el cual es urgente tomar medidas pertinentes.

[1] http://www.sdpnoticias.com/notas/2012/03/16/problema-de-las-carceles-de-latinoamerica-se-ha-agravado-cidh

[2] http://www.elespectador.com/noticias/judicial/enfermedades-un-problema-suma-al-hacinamiento-carceles-articulo-471637

Estrategias contra la crisis alimentaria y el calentamiento global ¿lecciones por aprender?

http://www.oxfam.org
http://www.oxfam.org

En su más reciente informe, titulado “Hambre y calentamiento global”, la Oxfam advierte sobre la aceleración y la acentuación de los fenómenos ligados al cambio climático y sus consecuencias sobre la población mundial. Ejemplos como la pérdida de los cultivos de café en Brasil, la grave sequía en el suroeste de los Estados Unidos y la ola de calor en Australia prueban la gravedad del fenómeno, según esta organización. El caso de la sequía en el Casanare colombiano es otro ejemplo más que se podría sumar para confirmar esta tendencia.
Este tema, grave y controversial al mismo tiempo, suele generar juicios irreflexivos por parte de la población civil y de los Estados. Se tiende a suponer, por un lado, que el cambio climático sólo produce consecuencias apocalípticas, y por otro, que este fenómeno es la única, o la principal, causa de problemas como el hambre y la amenaza a la fauna y flora mundial.
Sin embargo, eludiendo estas excéntricas ideas, lo cierto es que el cambio climático si tiene consecuencias sobre nuestras sociedades. La reducción en la producción de alimentos y el aumento consecuente de sus precios, constituye uno de los riesgos más inmediatos. Si no queremos simplemente sufrir este tipo de efectos, es necesario pensar en las acciones que debemos poner en marcha como sociedad para disminuirlos o para contrarrestar el avance del calentamiento global.
La Oxfam sugiere 10 estrategias que los Estados deben implementar en ese sentido. En América Latina valdría la pena evaluarlas prontamente con el fin de proponer las soluciones a los problemas que año tras año evidencian la incidencia del cambio climático en estos países.
En primer lugar se encuentra la búsqueda de financiación para la adaptación al cambio climático. De acuerdo con la Convención Marcode las Naciones Unidas sobre el cambio climático “los países desarrollados tienen la obligación legal de ayudar a los países pobres a adaptarse al cambio climático.”
La segunda estrategia es el establecimiento de programas de Protección social destinados a garantizar el bienestar de la población más vulnerable, puesto que son los principales afectados por los efectos directos del cambio climático. Coordinada con esta, la tercera estrategia se refiere a la presencia de ayuda humanitaria, como última línea de defensa, para hacer frente a los efectos del cambio climático en el hambre.
La cuarta estrategia se refiere a la preocupación por establecer reservas de alimentos, ya que estás constituyen una protección frente al hambre en caso de cosechas irregulares y de escaladas de los precios de los alimentos.
La quinta estrategia consiste en reconocer el rol central de las mujeres en el proceso de producción alimentaria y fomentar proyectos en el marco estatal para incluirlas en las políticas destinadas a enfrentar el cambio climático. El problema, según la Oxfam, consiste en que si bien las mujeres son las mejores conocedoras de los procesos de cultivo en las áreas rurales, la información sobre los riesgos del cambio climático en este aspecto se transmite entre hombres en el seno de los espacios públicos, y apenas se comunica al resto de la familia.
Las estrategias sexta y séptima buscan promover la inversión y la investigación pública en agricultura, en la medida en que servirían para enfrentar de manera concreta los desafíos de los nuevos escenarios climáticos globales.
La octava estrategia identifica que el riesgo alimentario se produce en mayor medida por la ausencia de lluvias en las zonas de cultivo, por lo cual propone la puesta en marcha de sistemas alternativos de riego de cultivo.
La últimas dos estrategias sugieren, por una parte, la implementación de seguros, pues estos ofrecen indemnizaciones a los agricultores para hacer frente a las crisis asociadas al cambio climático; y por otra, la construcción de sistemas de información meteorológica para los agricultores.
Como se ve, las estrategias sugeridas apuntan a diferentes objetivos. Algunas pretenden moderar ciertos efectos del cambio climático. Otras aspiran a apoyar a las victimas principales en el sector alimentario. Otras, finalmente, buscan definir nuevas formas de afrontar nuestra relación con nuestro entorno. Desde luego, no todas son realizables en el mismo sentido, ni con la misma facilidad. Pero todas, esto sí, requieren del esfuerzo colectivo y la coordinación política para llevarse a cabo. Es un desafío que ningún país debe evadir.

El modelo extractivo ecuatoriano: una oportunidad para la reflexión

El pasado 4 de marzo, se abrió un nuevo capítulo en la larga disputa entre la multinacional Chevron y las comunidades indígenas del Ecuador. Estas últimas reclaman una cuantiosa indemnización por los daños causados a raíz de la explotación petrolera realizada por la empresa. A pesar de que las instancias judiciales ecuatorianas han declarado culpable a la Chevron de causar contaminación en la selva amazónica, esta semana, un juez federal de los Estados Unidos estipuló que el abogado Steven Dozinger, defensor de los demandantes, incurrió en soborno con el fin de conseguir un veredicto favorable a las comunidades indígenas.

Antecedentes de la discusión

Desde 1972, la Texaco, absorbida años más tarde por la compañía Chevron, firmó un contrato de exploración y explotación de hidrocarburos con la República de Ecuador, el cual estuvo vigente por 20 años. Tras la terminación del contrato, Ecuador eximió de toda responsabilidad ambiental a la entonces Texaco a través de un acuerdo elaborado en 1995, ya que consideró favorable la inversión de 40 millones de dólares[1] hecha por la multinacional con el propósito de descontaminar la región amazónica utilizada. Sin embargo, este acuerdo no excluía las responsabilidades de la empresa con respecto a terceros, sino únicamente con respecto al Estado.

En 1993, grupos amazónicos interpusieron una demanda colectiva en contra de Texaco alegando una grave contaminación en la zona. El escenario escogido fueron los tribunales de Estados Unidos, los cuales declararon en 2003 que Ecuador contaba con la capacidad judicial de tomar el caso.

Por esta razón se presenta nuevamente en 2004 una demanda en contra de la multinacional, recibiendo como respuesta una sentencia desfavorable para Chevron, quien intentó apelar en dos ocasiones la decisión. La instancia de justicia superior en el Ecuador, la Corte Nacional de Justicia, confirmó en 2013 el veredicto, estableciendo un valor de US 9.500 millones como indemnización a las comunidades indígenas.

Las posiciones de las partes

Por un lado, la Chevron ha argumentado que Ecuador ha incumplido los acuerdos firmados en los noventa y considera que el actual gobierno de Rafael Correa se ha aprovechado de la situación para armar un show mediático. Esto implica que toda la responsabilidad ambiental y social recae sobre la empresa de manera injusta, puesto que parte de la explotación petrolera es realizada igualmente por empresas del Estado y parece que ningún ciudadano ha pedido cuentas al respecto de esta explotación realizada por el sector público. (Ver documento Chevron, 2009).Asegura igualmente que la zona ya fue limpiada y que ha cumplido de esta forma su parte del trato.

Fuente: http://www.bbc.co.uk/
Fuente: http://www.bbc.co.uk/

Por otro lado, las comunidades indígenas representadas por Dozinger aseguran que se ha cometido un crimen mediambiental, además de algunas consecuencias nefastas como la aparición de cáncer en ciertas poblaciones, y la amenaza de aborto para algunas mujeres de la región. Igualmente, con el apoyo del actual presidente han intentado demostrar que la zona no ha sido descontaminada aún y que las fuentes hídricas están en peligro.

Reflexiones a partir del caso

Este complejo panorama es la demostración de la dificultad que existe en llegar a un acuerdo colectivo acerca de la prioridad que debe darse o no a los modelos extractivistas en América Latina y en el mundo. Si bien las consecuencias ambientales de las actividades de explotación de recursos han sido demostradas de diferentes maneras, la nueva declaración del juez federal estadounidense revela una serie de inconsistencias que ponen en duda la legitimidad de las reclamaciones hechas hasta el momento. Por ahora es posible identificar cuatro puntos controversiales del caso que deberían ser tenidos en cuenta para la reflexión:

  • Los daños causados tanto al medio ambiente como a las comunidades que viven en los territorios afectados sólo se están midiendo y compensando en términos monetarios. Pero ¿es posible determinar un valor para este daño? ¿Es acaso la única herramienta o la más efectiva para resarcir el daño?
  • La acusación de la manipulación de la información por parte del abogado demandante deslegitima las reclamaciones hechas por las comunidades indígenas (válidas desde todo punto de vista) y demuestra la superposición de intereses políticos y económicos junto con los ambientales y culturales.
  • Se muestra a las multinacionales como las únicas causantes de la contaminación a partir de la extracción de hidrocarburos, pero ¿qué pasa cuando el Estado lo realiza? ¿No debe indemnizar? ¿Qué pasa cuando lo hace la ciudadanía a través de la minería ilegal?

Finalmente, la invitación a partir de esta controversia, es a la generación de una discusión abierta sobre los modelos extractivos actuales, pues como nos lo recuerda Sandel, sólo la realización de una discusión ética y colectiva permitirá que la sociedad determine cuáles bienes colectivos deben tener precio y cuáles no.  (Ver discurso Michael Sandel)


[1] Chevron (septiembre, 2009) Arbitraje tramitado con arreglo al reglamento de la comisión de las naciones unidas para el derecho mercantil internacional. En: http://www.chevron.com/documents/pdf/EcuadorBITEs.pdf

El Robin Hood mexicano

El miércoles 26 de febrero, un grupo de ciudadanos de Culiacán hicieron un llamamiento a una marcha pacífica en apoyo a Joaquín Loera, narcotraficante conocido como el “Chapo Guzmán”. Según los medios mexicanos y extranjeros que registraron la noticia, la marcha, a la que asistieron alrededor de 2000 personas, fue un éxito.

fuente: http://storify.com/
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Al “Chapo Guzmán”, líder de la organización criminal más importante de México, se le imputan delitos diversos: homicidio, delincuencia organizada, acopio de armas y tráfico de drogas. Sin embargo, en el volante por el que se llamaba a la marcha, los ciudadanos mexicanos recordaban que el motivo era “exigir la liberación del Chapo y héroe de Sinaloa”.

Este caso, que recuerda mucho la reacción que se produjo tras la muerte Pablo Escobar en algunas regiones de Colombia,  confirma dos ideas.  Primero, una general: que la frontera entre el bien y el mal a veces es difusa. Segundo, una mucho más concreta: que en su guerra contra el narcotráfico, el Estado mexicano está perdiendo su legitimidad.

El que la frontera entre el bien y el mal no sea clara no es algo nuevo. Por eso existen los debates éticos. Pero, ya que es importante garantizar una idea compartida de aquello que consideramos correcto y aquello que consideramos incorrecto, las sociedades han fundado instituciones que se encargan de formar un consenso sobre lo bueno y lo malo. Se supone que el Estado, junto con la familia, el colegio, la iglesia, etc., es una de ellas. Pero hay una cosa aún más importante: el Estado es, entre todas las mencionadas, la institución que hoy en día tiene el poder de definir de manera tajante la frontera entre lo correcto y lo correcto. Lo hace cuando se manifiesta como la voz de la justicia legítima.

En el México actual, es cada día menos cierta la idea del Estado como institución que responde por la justicia. Entre los 177 países evaluados por Transparencia Internacional, México ocupa el puesto 106 en el índice de corrupción de 2013.  Ocupa, junto con Nicaragua, Venezuela y Guatemala uno los peores puestos de Latinoamérica. Un buen sistema judicial, según la misma ONG, es una herramienta contra la corrupción. El abuso del poder – tanto de los jueces como de los políticos – empantana el sistema y, por lo tanto, estimula la corrupción. Por esto, el alto grado de percepción que los mexicanos tienen con respecto a la corrupción en su país es un indicador muy importante para entender el nivel de desconfianza que le tienen a su sistema de justicia.

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Ante la pérdida de confianza en las instituciones mexicanas, nuevos actores, como lo narcotraficantes, empiezan a asumir muchos espacios olvidados por el Estado y terminan por llenar las expectativas de ciertos grupos de sociedad a los que el Estado no protege, bien porque en medio de su lucha contra esos otros actores, no lo logra; bien porque habiendo distorsionado sus objetivos, no lo quiere.

Como Pablo Escobar hace unas décadas, El “Chapo Guzmán” encarna parcialmente en nuestros tiempos la mítica figura de “Robin Hood”, un héroe popular que no sólo es capaz de responder a las necesidades de su pueblo, sino que además mantiene el contacto permanente con él. Mientras que el Estado mexicano nunca llega a la lejana Sinaloa – y si llega es percibido como el símbolo de la tradicional corrupción – el Chapo, que aparece como “Robin Hood mexicano”, no es para sus conciudadanos un simple narcotraficante; también es la autoridad efectiva, el garante de la justicia local y el verdadero hacedor de leyes.