A pesar de que la legalización de la droga es un tema que cobra cada vez mayor importancia en el debate público, son muy pocos los países que se han arriesgado a incluir tal debate dentro de la agenda legislativa. En América Latina es bien conocido el caso de Bolivia y su lucha por legalizar la práctica de mascar coca ante Naciones Unidas. Sin embargo, propuestas de este tipo no han sido bien acogidas a nivel político.
Durante las últimas semanas, el tema ha retomado su relevancia en la región gracias al proyecto de ley presentado por el presidente uruguayo José Mujica y aprobado, por ahora, en la Cámara Baja del Congreso por la coalición oficialista del Frente Amplio. En dicho proyecto se pretende que el Estado adquiera el monopolio de la producción, distribución y venta del cannabis con el propósito de atacar el problema del tráfico de drogas desde una perspectiva diferente. No se trata entonces de seguir considerando el problema de la droga como un asunto meramente de seguridad o de criminalidad sino más bien como un asunto de salud pública.
Las críticas por parte de la oposición y de algunos sectores de la sociedad uruguaya no se han hecho esperar, pues se teme que este tipo de medidas impulsen el consumo en los jóvenes. Sin embargo, el presidente Mujica ha explicado en varias ocasiones que se trata de luchar contra el prejuicio de la despenalización de la droga y que la política represiva no ha dado los frutos esperados. En su más reciente entrevista realizara por BBC Mundo, Mujica ha expresado para referirse a la lucha represiva contra la droga: «… me envenena, porque cada vez tengo que gastar más plata en policía, en cárceles y en las consecuencias. Y no tengo plata para atender a los enfermos».
Así, se pretende entonces crear un Instituto Nacional del Cannabis que regule el mercado de esta droga hasta ahora ilícita y que garantice a los consumidores (unos 75 mil en el caso de Uruguay) tratar con productores y distribuidores controlados por el Estado, impidiendo así la incitación al uso de nuevas drogas. Además de ello, el dinero recaudado en el nuevo mercado estatal será dedicado a la creación de políticas públicas de prevención del consumo de drogas y de rehabilitación para las personas adictas.
Este proyecto, novedoso para la región, tiene altas probabilidades de ser aprobado puesto que el presidente cuenta con mayoría parlamentaria. Sin embargo, algunos miembros de la coalición oficialista encuentran aún algunos reparos en la futura ley y consideran que no es una solución adecuada para combatir el consumo de drogas.
Esta situación pone de presente la constante controversia que desata el tema. Sin ahondar en los argumentos de cada lado, es fundamental reconocer que la lucha antidroga desarrollada hasta ahora a nivel mundial no ha resultado eficaz, como puso de manifiesto la Comisión Global de Políticas de Drogas (CGPD) en los últimos años. Ello nos debe llevar a replantear las estrategias para ganar la partida a fenómenos como el narcotráfico y el aumento del consumo de estupefacientes. De allí, la pertinencia actual de Uruguay como nuevo interlocutor en la materia y como modelo alternativo al tratarse de una apertura política real y no de discursos pronunciados al aire.
En este sentido, es válido recordar los cuatro principios promulgados por la CGPD para reformular el problema de la droga: en primer lugar, las políticas antidrogas deben basarse en evidencia empírica y científica (y no en ideologías particulares o en medidas populistas como el incremento de penas); en segundo lugar, tales políticas deben respetar siempre los derechos humanos y la salud pública; en tercer lugar, su desarrollo e implementación debe constituir una responsabilidad global teniendo en cuenta las particularidades culturales, políticas y sociales de cada país, y, en último lugar, estas políticas deben desarrollarse de manera integral, incluyendo a las familias, escuelas, especialistas de salud pública y a la sociedad civil en general.
Nadie puede garantizarnos que la aplicación de estos principios nos otorgue la victoria en la lucha contra la droga, pero al menos demuestra un intento por romper con los viejos paradigmas que nos han sumido en mayor violencia y complejidad. El problema del mundo de hoy es que los argumentos económicos suelen pesar con mayor fuerza y saben alimentarse de argumentos morales y del temor de la sociedad ante los retos actuales.
Sin embargo, también a nivel económico un cambio de paradigma comienza a tomar fuerza: en días pasados el sitio financiero Market Watch afirmó que la marihuana comienza a verse como opción para inversionistas estadounidenses ya que el negocio de esta droga utilizada a nivel terapéutico generó mil setecientos millones de dólares en 2011. ¿Será esto suficiente para sentarnos a discutir nuevas alternativas?
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