Colombia ¿una loba vestida de oveja?

fuente: revista Semana. http://www.semana.com

La paradoja colombiana se encuentra en la convivencia – casi burlona – entre, por una parte, los buenos resultados económicos (disminución del desempleo y de la inflación, aumento de la inversión y del PIB) y los avances sociales e institucionales de los últimos años y, por otra, un conflicto que durante décadas ha producido 250.000 muertes, 5.000.000 de desplazados y ha destruido la posibilidad de una verdadera discusión democrática.

¿Esta paradoja es real? Es decir ¡puede realmente existir una democracia sin vida democrática? Tal vez el panorama es mucho más oscuro de lo que parece. Las promesas económicas son el resultado de una forma de medir que proyecta un crecimiento general sin tener en cuenta que este apenas si tiene efectos sobre una parte de la población (más del 60% de la población activa colombiana vive en la informalidad) que sigue – y seguirá, ya que se ignora – viviendo al margen de las cifras y de las promesas trazadas por la clase política nacional.

De igual forma los supuestos avances socio institucionales son más el resultado de un espejismo que una realidad concreta. La última década ha probado – en el sistema judicial en su totalidad y en las instituciones políticas empezando por el congreso, para citar los ejemplos más insultantes – que el desmantelamiento institucional es un hecho que va mucho más allá de la percepción negativa expresada por la ciudadanía.

Así las cosas, la paradoja colombiana no es tal. Primero, porque no puede existir una democracia sin vida democrática y, segundo, porque los supuestos avances son resultado – como se ve – de una percepción tergiversada. Hay, eso sí, instituciones que se quieren, o se dicen, democráticas, pero que están tan deslegitimadas desde la opinión pública como deterioradas en su funcionamiento cotidiano.

Y sin embargo, en la sociedad colombiana hay quienes no sólo se atreven a defender la vitalidad de las instituciones, sino que además se niegan a comprender la complejidad del conflicto colombiano. Hay quienes afirman que el proceso de desmovilizaciones de los paramilitares ha sido un éxito rotundo y que, para terminar con el conflicto, sólo es necesario acabar militarmente con los grupos guerrilleros. Como si, además, fuera posible distinguir tan fácilmente el bien del mal. Como si, confundidos entre esos grupos, no existieran legítimas movilizaciones campesinas tachadas de grupos guerrilleros vestidos de civil, o como si al interior del Estado sólo hubiera políticos bienintencionados buscando acabar con el conflicto. Como sí, finalmente, un día después de acabar militarmente con los “malos” del país pudiéramos amanecer en un paraíso refundado.

Y sobre todo esto parece, además, que los candidatos no están interesados en proponer soluciones inteligentes, bien porque no son inteligentes, bien porque no tienen soluciones. Por eso, tal vez, la campaña electoral no existe; porque sus candidatos principales se ocultan tras los escándalos y porque ni los medios ni los ciudadanos se permiten escuchar a los otros candidatos.

Desde luego, a ningún país le gustaría reconocer sus falencias en el ámbito democrático. A ninguno caer en el grupo de los rotulados como “Estado fallidos” o “democracias de garaje”, pero – por muy molesto que suene – el debate electoral colombiano es signo insoslayable de la inexistencia de un verdadero debate democrático en el país. ¿La culpa es de los candidatos? Sí, parcialmente. Pero también de los medios de comunicación, que actúan de manera irresponsable; y de los ciudadanos, tanto de los apáticos, como de los radicales.

El Robin Hood mexicano

El miércoles 26 de febrero, un grupo de ciudadanos de Culiacán hicieron un llamamiento a una marcha pacífica en apoyo a Joaquín Loera, narcotraficante conocido como el “Chapo Guzmán”. Según los medios mexicanos y extranjeros que registraron la noticia, la marcha, a la que asistieron alrededor de 2000 personas, fue un éxito.

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Al “Chapo Guzmán”, líder de la organización criminal más importante de México, se le imputan delitos diversos: homicidio, delincuencia organizada, acopio de armas y tráfico de drogas. Sin embargo, en el volante por el que se llamaba a la marcha, los ciudadanos mexicanos recordaban que el motivo era “exigir la liberación del Chapo y héroe de Sinaloa”.

Este caso, que recuerda mucho la reacción que se produjo tras la muerte Pablo Escobar en algunas regiones de Colombia,  confirma dos ideas.  Primero, una general: que la frontera entre el bien y el mal a veces es difusa. Segundo, una mucho más concreta: que en su guerra contra el narcotráfico, el Estado mexicano está perdiendo su legitimidad.

El que la frontera entre el bien y el mal no sea clara no es algo nuevo. Por eso existen los debates éticos. Pero, ya que es importante garantizar una idea compartida de aquello que consideramos correcto y aquello que consideramos incorrecto, las sociedades han fundado instituciones que se encargan de formar un consenso sobre lo bueno y lo malo. Se supone que el Estado, junto con la familia, el colegio, la iglesia, etc., es una de ellas. Pero hay una cosa aún más importante: el Estado es, entre todas las mencionadas, la institución que hoy en día tiene el poder de definir de manera tajante la frontera entre lo correcto y lo correcto. Lo hace cuando se manifiesta como la voz de la justicia legítima.

En el México actual, es cada día menos cierta la idea del Estado como institución que responde por la justicia. Entre los 177 países evaluados por Transparencia Internacional, México ocupa el puesto 106 en el índice de corrupción de 2013.  Ocupa, junto con Nicaragua, Venezuela y Guatemala uno los peores puestos de Latinoamérica. Un buen sistema judicial, según la misma ONG, es una herramienta contra la corrupción. El abuso del poder – tanto de los jueces como de los políticos – empantana el sistema y, por lo tanto, estimula la corrupción. Por esto, el alto grado de percepción que los mexicanos tienen con respecto a la corrupción en su país es un indicador muy importante para entender el nivel de desconfianza que le tienen a su sistema de justicia.

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Ante la pérdida de confianza en las instituciones mexicanas, nuevos actores, como lo narcotraficantes, empiezan a asumir muchos espacios olvidados por el Estado y terminan por llenar las expectativas de ciertos grupos de sociedad a los que el Estado no protege, bien porque en medio de su lucha contra esos otros actores, no lo logra; bien porque habiendo distorsionado sus objetivos, no lo quiere.

Como Pablo Escobar hace unas décadas, El “Chapo Guzmán” encarna parcialmente en nuestros tiempos la mítica figura de “Robin Hood”, un héroe popular que no sólo es capaz de responder a las necesidades de su pueblo, sino que además mantiene el contacto permanente con él. Mientras que el Estado mexicano nunca llega a la lejana Sinaloa – y si llega es percibido como el símbolo de la tradicional corrupción – el Chapo, que aparece como “Robin Hood mexicano”, no es para sus conciudadanos un simple narcotraficante; también es la autoridad efectiva, el garante de la justicia local y el verdadero hacedor de leyes.

La falta de educación y el fracaso de la democracia en Latinoamérica

En un reciente artículo publicado en la revista Isegoría, Axel Honneth examina la relación entre educación y democracia. Honneth, quien a través de sus investigaciones se ha interesado por entender la función del espacio público y de la comunicación en las democracias actuales, sostiene que actualmente la educación ha dejado de entenderse como un elemento crucial para el buen funcionamiento democrático.

Fuente: http://crisolplural.com/

¿Por qué, en una sociedad democrática, el arte de gobernar y el arte de educarse son complementarios?  Honneth nos dice que esto es así porque sólo con la existencia de ambos se puede alcanzar una vida social verdaderamente deseable. En una democracia el buen gobierno está definido, primero, por la participación de los ciudadanos; segundo, por la capacidad de diálogo y acuerdo; y tercero, por la propuesta colectiva y el alcance de proyectos comunes.

La educación democrática, por su parte, debe promover en los ciudadanos las virtudes para hacer personas interesadas la participación colectiva, en la construcción de proyectos por medio del diálogo y el acuerdo, y en el compromiso por la solución de los problemas comunes. La educación democrática sería como una vacuna contra el individualismo que impide ver y valorar a los otros.

Si trasladamos la reflexión de este autor al escenario latinoamericano y revisamos las tendencias más recientes en el campo de la educación, podríamos afirmar que efectivamente la poca atención que se presta a la educación de buenos ciudadanos es una de las principales razones por las que fracasa la formación de proyectos democráticos en Latinoamérica.

El año pasado, los resultados de las pruebas PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, por sus siglas en inglés) revelaron los pobres resultados de los países latinoamericanos en el campo de la educación secundaria. De hecho, fue la región de peor rendimiento.

Los países latinoamericanos con peor desempeño fueron Perú, Colombia, Argentina y Brasil. Muy de cerca siguen, Costa Rica, Uruguay, México y Chile. Según la prueba, que se limita a medir las competencias básicas en matemáticas, lectura y ciencias, todos estos países se encuentran muy por debajo del promedio de los resultados alcanzados.

Estas pruebas, en principio, no dicen nada sobre la promoción de las virtudes de la educación democrática, ya que se concentran en evaluar las habilidades de los estudiantes en unos pocos campos. Sin embargo, sí son muy dicientes con respecto a la poca atención que los gobiernos de estos países ponen en el mejoramiento de la educación de sus estudiantes. Sus resultados sí revelan  la incapacidad de los gobiernos para formular métodos apropiados de educación. Y sí señalan el fracaso de los países latinoamericanos para promover un buen sistema educativo para todos sus ciudadanos.

Además de las pruebas PISA existen otros escenarios en donde se percibe  la dificultad de los Estados latinoamericanos para la promoción de los valores democráticos. La crisis de la participación es patente en nuestros países, en donde los ciudadanos no pueden, no saben o no quieren darle valor a su actividad cívica.

Dos ejemplos en los que se muestra la debilidad de las democracias latinoamericanas son, primero, el reducir la idea de participación ciudadana a las manifestaciones multitudinarias en que se pretende luchar contra las crisis sociopolíticas de nuestros países. Esta visión de la participación es pobre, porque se limita a la idea del número como elemento central, y elude la importancia de la calidad de la participación. A ello se suma el segundo caso, que es el de la la radicalización del lenguaje político, que muestra muy bien nuestra incapacidad para dialogar y para llegar a acuerdos, y es una constante en países latinoamericanos como Colombia, Argentina o Venezuela, en donde el debate político se reduce a satanizar al contradictor.

Finalmente, los gobiernos de nuestros países, tanto como los proyectos educativos que se definen, apuntan a promover sociedades más individualistas; sociedades en donde sólo debe ser valorado el emprendimiento y el triunfo personal; sociedades en donde la riqueza y el bienestar se miden por la riqueza de cada individuo, sin que importe que esa riqueza económica o no, esté monopolizada por un porcentaje reducido de la población.

Para Honneth, como para muchos pensadores clásicos de la democracia, “la idea del «buen ciudadano» no era una fórmula vacía o un adorno de los discursos políticos, sino un desafío práctico ante el que había que dar la talla por medio de ensayos teóricos y la experimentación de formas de escuela y métodos didácticos apropiados”. Mientras nuestros gobiernos no se comprometan en ese proyecto, la promesa de la democracia en Latinoamérica seguirá siendo una promesa incumplida.

Elecciones en el Salvador. ¿Necesarias pero no suficientes?

El 2014 es un año decisivo para América Latina, pues varios países de la región realizarán o están realizando elecciones presidenciales y legislativas. Es esta la oportunidad para medir la fuerza de los partidos políticos y para decidir una vez más cuál es el rumbo que quiere darse a cada país.

Fuente: elpais.com

En el caso del Salvador -país centroamericano con grandes desigualdades sociales y con un profundo problema de violencia-, los comicios por la presidencia demostraron la debilidad institucional del partido oficialista, pues a pesar de contar con la maquinaria necesaria para obtener un triunfo en primera vuelta, el hecho de obtener una votación del 49%, los obliga a presentarse una vez más a la segunda vuelta.

Ello arruinó parcialmente los pronósticos del FMLN (Frente Frabundo Martí para la Liberación Nacional), quien actualmente es el partido que detenta el poder y que pretende hacerlo una vez más, demostrando que a pesar de que el problema más visible (la presencia de bandas y pandillas juveniles que amenazan la seguridad del país) ha venido reduciéndose desde 2012, ello no es suficiente aún para que los ciudadanos descarten la posibilidad de que sea el partido opositor de derecha el que resuelva la situación.

¿Significa entonces que la izquierda tiene más dificultades para generar gobernabilidad en el país? No necesariamente. Si bien puede ser cierta la hipótesis de algunos ciudadanos de que la derecha gobierna mejor sólo por el hecho de haber gobernado durante más tiempo (más sabe el diablo por viejo que por diablo…), también es cierto que la única forma de gobernar es a través de la práctica y de la posibilidad real de llegar al poder por parte de todos los actores del espectro político.

Para el FMLN, el camino no ha sido fácil, pero a través de políticas sociales y de la tregua pactada con las dos principales bandas del país (Mara Salvatrucha y Barrio 18) ha demostrado que existen formas de resolución al conflicto diferentes al uso indiscriminado de la fuerza.

Como heredero de un proceso de paz firmado en 1992, el FMLN comprende que no puede repetir la historia y sus esfuerzos parecen concentrados en lograr este propósito, aunque los resultados no han sido del todo efectivos, entre otras cosas, porque la pobreza y la desigualdad del país tiene causas más profundas y necesitan entonces soluciones más complejas que las que se han presentado hasta ahora.

El candidato de derecha, Norman Quijano, ha aprovechado esta situación para concentrar su propuesta en un modelo simplista, pero radicalmente opuesto justificándolo en los fracasos del gobierno de turno.  De esta forma, ha propuesto que en caso de ser elegido declarará un estado de excepción en el cual se podrá “militarizar la seguridad pública” y además, disciplinará a los jóvenes desocupados del país para que no recurran a las pandillas. El 39% de los votos del pasado domingo, respaldan esta posición.

Esta compleja situación revela la inmadurez política del país centroamericano para lograr un acuerdo sobre cómo dirigir los puntos esenciales de su democracia. Y es un llamado de atención para aquellos países de la región como Colombia que intentan obtener procesos de paz luego de una larga guerra civil. No basta firmar un acuerdo para que la paz sea un hecho. No basta con la realización de elecciones periódicas para que la población supere sus problemas cotidianos. No basta con la entrega de subsidios y útiles escolares para cerrar las brechas sociales e incluir positivamente a todos los ciudadanos dentro de un proyecto nacional.

Sin embargo, es un buen comienzo. Este comienzo debe fortalecerse a partir de un acuerdo en el cual puedan participar todos acerca de lo que quieren como sociedad sobre temas como la seguridad, el respeto a la vida, a la libertad de expresión, etc. De lo contrario, los partidos seguirán ahogándose en propuestas inmediatistas con fines electorales, y el costo seguirá siendo la permanencia de la violencia como el medio más efectivo para hacer escuchar las demandas sociales y como demostración del fracaso del Estado por incluir en su proyecto a todos los ciudadanos.

Las protestas en Perú: ¿un simple contagio regional?

Fuente: fotos.starmedia.com

A pesar de que Perú ha sido llamado por algunos analistas como la estrella macroeconómica latinoamericana -debido a su crecimiento sostenido durante los últimos doce años-, el país es hoy escenario de una serie de protestas ciudadanas que reflejan el malestar con respecto al gobierno de turno. Desde sectores como estudiantes y defensores de derechos humanos hasta empleados estatales y ciudadanos de clase media, se han tomado desde el 17 de julio las calles para manifestar su hastío por fenómenos como la corrupción y la inseguridad ciudadana.
El Perú se constituye entonces como el tercer ejemplo de la región (reconociendo como los otros dos a Chile y Brasil) en el que la ciudadanía demuestra que el crecimiento económico no es nunca una variable suficiente para generar bienestar colectivo. Es ya bien sabido que no existe un “derrame” financiero automático en el que los beneficios de los más ricos alcanzan a caer hacia los más pobres. Las multitudinarias protestas en Latinoamérica así lo demuestran.
Sin embargo, existe un elemento adicional en las protestas del Perú y es el contenido de las manifestaciones, pues mientras que en los demás países se trata de la indignación por la desigualdad (en la educación, en la salud, etc.), los peruanos denuncian la ineficacia de la democracia representativa. Es decir, que no se reconocen en sus representantes electos ni en las instituciones formales. Así, no se trata únicamente de mejoras sociales, pues bien o mal, la población más vulnerable se ha podido beneficiar de algunos programas de asistencia impulsados por el gobierno central. Se trata más bien de mejorar la política, de mejorar la democracia entendida como la forma de gobierno en la que los ciudadanos construyen de la mano con sus gobernantes un destino común.
Este deseo quedó expresado con la movilización social que produjo la elección de tres magistrados del Tribunal Constitucional y del Defensor del Pueblo, pues los cargos fueron provistos a partir de corruptos acuerdos políticos. Los ciudadanos salieron a las calles, no a reclamar más educación, o mejor alimentación, sino a manifestar su descontento y su rechazo absoluto a la continuación de este tipo de prácticas.
La pregunta es entonces ¿es esta una oportunidad histórica para los peruanos de  transformar su democracia representativa en una democracia participativa? ¿O es, por el contrario, una manifestación más que responde al efecto contagio de los otros países pero que no tiene un propósito unificado ni claro?
El deseo es que los ciudadanos peruanos no sean como su presidente, quien se ha mostrado como un hombre inseguro, que toma las grandes decisiones sobre la marcha y que, en su afán por agradar a todos, ha terminado por incumplir con sus promesas más importantes de campaña y además, ha visto opacados sus logros por su incapacidad de dirigir los grandes debates de la sociedad peruana.
Paradójicamente, la respuesta a las protestas actuales sólo podrá obtenerse a partir de las decisiones que tome el gobierno de Ollanta Humala durante su tercer año de gobierno. En sus acciones, y no en su discurso, podrá leerse el impacto de las manifestaciones.

Elecciones presidenciales en Chile: una nueva prueba para la madurez de la democracia

El pasado domingo se llevaron a cabo las elecciones primarias en Chile para elegir a los futuros candidatos presidenciales. Mientras que la centro-izquierda eligió por mayoría contundente a la expresidente Michelle Bachelet, la Unión Demócrata Independiente (coalición de centro-derecha) definió como único candidato al controversial Pablo Longueira con un resultado del 51,35%.

Fuente: http://www.eldiario.es

Para algunos, este enfrentamiento electoral que culminará el próximo 17 de noviembre representa una disputa simbólica, pues los candidatos encarnan las dos caras de la herencia de la dictadura: por un lado, Bachelet representa a un sector de las víctimas que se vieron obligadas a vivir en el exilio a causa de las restricciones e injusticias del régimen de Pinochet; por el otro lado, Longueira fundó los primeros años de su trayectoria política bajo la sombra del General-dictador, y sigue siendo una figura central de esa derecha extremadamente conservadora y tradicional.

Y si bien es cierto que la candidata de centro-izquierda jamás ha utilizado su calidad de víctima del régimen militar como principal arma electoral, sí es evidente que en el imaginario de los chilenos, ello sigue teniendo una fuerza simbólica ya que aún persisten algunas heridas del pasado. Por la misma razón, la figura de Longueira como uno de los “consentidos” de la dictadura ha sido percibida como una bofetada para los chilenos que sufrieron los desmanes de la dictadura, lo que convierte a las futuras elecciones en un espacio en el que se pone a prueba una vez más la madurez de la democracia chilena.

Tal madurez parecía haber quedado demostrada con la elección del actual presidente Sebastián Piñera, puesto que luego de 20 años de gobiernos de centro-izquierda, los electores decidieron dar una nueva oportunidad a la derecha como opción de poder. Además, el voto por un empresario como Piñera implicó tácitamente la legitimidad de un modelo económico neoliberal que hasta ahora ha resultado exitoso en términos financieros. Cabe decir además que a pesar de que este modelo fue impuesto en la época de la dictadura, ningún gobierno de centro izquierda intentó desmontarlo durante los veinte años en los que gobernaron el país.

El reto de los últimos cuatro años consistía entonces en demostrar que así como la izquierda fue capaz de reconocer algunas virtudes del legado de la derecha, como su modelo económico (hecho que algunos chilenos ponen aún en duda, sobre todo, a nivel educativo), la derecha debía demostrar igualmente que era capaz de generar bienestar social, puesto que ha sido históricamente este ítem el que ha constituido una de las deudas más grandes de la dictadura, cuyos probados avances en el campo económico nunca lograron traducirse en beneficio sociopolítico para la mayoría de la sociedad chilena.

Las elecciones de noviembre constituyen un buen termómetro para medir la percepción ciudadana en cuanto a la respuesta de este sector político a las demandas sociales, ya que en caso de un triunfo para Longueira quedaría demostrado que la mayoría de los chilenos: a) continúan creyendo en su modelo económico y b) consideran que han encontrado respuestas favorables a sus necesidades y demandas.

Sin embargo, este panorama es el menos probable ya que los últimos cuatro años han estado acompañados de fuertes protestas sociales en sectores como la educación, los derechos de los pueblos autóctonos, el transporte y el medio ambiente. Además, como se ha dicho, existen aún viejas heridas que parecen no cicatrizar y que en cabeza de una figura tan polémica para la democracia como Pablo Longueira es posible que no se cierren.

Las elecciones son de todos modos, inciertas. Los próximos meses podrán darnos una idea más certera del valor que dan los chilenos a elementos como la democracia, la reconciliación, o la prevalencia de los buenos resultados económicos sobre lo político y lo social.

¿Y dónde está el enemigo?

El caso de espionaje a gran escala, revelado por E Snowden, ha generado todo tipo de críticas, que iniciándose en los círculos políticos estadounidenses, se han generalizado alrededor del mundo. El actual es un caso que se suma a los famosos escándalos de Wikileaks y a otros casos de espionaje con menos exposición mediática, pero igualmente sonados, como el del juez Baltazar Garzón en España o el de las chuzadas en Colombia. Todos estos tienen como antecedente el caso de Watergate, que desencadenó en la renuncia de Richard Nixon.

匿名者 Anonymous (Guy Fawkes Mask) / 香港聲援斯諾登遊行 Hong Kong Rally to Support Snowden (SnowdenHK) / SML.20130615.7D.42258 (Photo credit: See-ming Lee 李思明 SML)

Desde que la privacidad se estableció como un principio fundamental, el ser espiado resulta ser una experiencia chocante: una violación de la intimidad que nos han enseñado a disfrutar. Por eso, el que en el caso actual, el gobierno de los EEUU espíe de manera generalizada a todos sus ciudadanos, genera tanto una sensación de violación como de vulnerabilidad.

Desde luego, frente a ese principio individual, se yergue otro igualmente importante y opuesto: la seguridad del Estado. Éste, de hecho, es mucho más antiguo que el de garantizar a los ciudadanos su intimidad. Porque los gobiernos espían desde la noche de los tiempos. En la guerra de Troya, por ejemplo, los espías eran una figura central para la estrategia de guerra. Y en la actualidad, todo cuerpo diplomático es, antes que nada, un cuerpo de espionaje.

Un cambio, sin embargo, aparece en la comparación. Anteriormente, los espías eran agentes evidentemente ocultos cuyas labores cobraban verdadera importancia en los estados de guerra, de crisis política, de amenaza externa. Su tarea era precisamente identificar las amenazas y los puntos débiles del enemigo del Estado al que representaban. ¿Y hoy? Hoy el espionaje estadounidense nos demuestra que, al espiar contante e irreflexivamente, nos encontramos en un estado de guerra permanente, y al convertir a todos los ciudadanos en el objetivo de esta acción, ese gobierno asume que – en su propio territorio – cualquier persona es una amenaza potencial.

En ese cambio de perspectiva radica lo escandaloso del espionaje actual, pues implica una constante contradicción entre los derechos de los individuos y la seguridad del Estado. Y en este impase ¿cuál debe prevalecer? Cuando se concebía la guerra como un estado excepcional, el sacrifico ciudadano era necesario; pero ahora, con guerra permanente, ¿cómo denominar este sacrificio? Tal vez cuando para un Estado todos sus ciudadanos son percibidos como amenazas, es el Estado el que se ha convertido en un enemigo.

Las protestas en Brasil: una oportunidad para repensar el sistema político y económico

Las recientes protestas de algunos ciudadanos brasileros nos recuerdan una vez más el surgimiento  de una ola mundial de demandas sociales (muy disímiles entre sí) que ha sufrido varios altibajos y que no se puede explicar como un movimiento uniforme, pero que sí alerta sobre la incapacidad de las instituciones actuales por dar respuestas legítimas a los ciudadanos.

Fuente: http://www.eluniversal.com.co

En el caso de Brasil, lo que comenzó como una protesta frente al alza de los precios del servicio público de transporte, ha desembocado en una revuelta en la que se ha aprovechado el desorden para insertar reclamaciones sobre otros temas como los altos costos de la realización del mundial de fútbol, la corrupción del sistema político o la inequidad social.

Y a pesar de que las protestas brasileras no son comparables (en términos de contenido) con aquellas que se presentan en Turquía o las de la conocida primavera árabe, -estas últimas más ligadas al conflicto que suscita el conservar las tradiciones vs. Compartir la visión de democracia y de desarrollo occidentales-, sí es cierto que puede encontrarse una convergencia en el malestar ciudadano con respecto a sus instituciones.

Para algunos resultaría incomprensible que esta situación se presente en Brasil, un país que en las últimas décadas se ha convertido en ejemplo económico y político no sólo para la región sino para el mundo. Logró escaparse astutamente de las consecuencias perversas del modelo económico impuesto por el Consenso de Washington sin renunciar a todos sus postulados; posee un sistema político multipartidista (único en Latinoamérica); y finalmente, ha integrado medidas sociales con amplios beneficios para la población más vulnerable con problemas como “Bolsa de familia” o “Luz para todos”.

¿Por qué entonces los ciudadanos se han manifestado en varias ciudades y con tan diferentes clases de exigencias? La posible respuesta se encuentra en el hecho de que la imagen internacional construida por Brasil difiere de la realidad interna: el modelo económico ha resultado excluyente para una buena parte de la población, la cual ya no se conforma con los subsidios estatales y reclama, más que paños de agua caliente, un mayor grado de justicia social y de equidad; el sistema multipartidista ha resultado en la práctica una fuente de corrupción en la medida en que los el presidente de turno se ve tentado a negociar con los partidos políticos diferentes partidos (muchos de ellos, también de turno) para sacar adelante sus proyectos políticos. Finalmente, la criminalidad de las ciudades y la estigmatización social de la población que habita en los tugurios de las ciudades, revela el drama social del país.

Sin embargo, es importante reconocer que a pesar de estas dificultades, Brasil sigue siendo un líder regional y ha logrado reinventarse a lo largo de su historia. Cada país enfrenta sus propias dificultades y el mérito consiste en ir superándolas a través de estrategias coherentes con el bienestar de la población.

La gran paradoja del Brasil se encuentra entonces en que a pesar de haber logrado tomar lo mejor de cada modelo económico y político, los ciudadanos “del común”, como se autodenominan los protestantes recientes, no alcanzan a recibir los beneficios.

¿Qué significa lo anterior? En primer lugar, que no se pueden comprar recetas a los países desarrollados para ser aplicadas al pie de la letra. Conceptos como democracia o capitalismo, se llenan de diferentes significados dependiendo del país que los asuma, pues cada uno tiene una historia, una geografía y una tradición cultural propias que transforman tales conceptos.

En segundo lugar, y como consecuencia de las debilidades del capitalismo como modelo económico y de la democracia occidental como modelo político, puede ser que nos encontremos frente a una oportunidad histórica de romper paradigmas y construir nuevas visiones de mundo más coherentes con las necesidades del mundo de hoy. Tal vez es tiempo de que el matrimonio democracia-capitalismo se divorcie y llenemos los conceptos de nuevos significados, significados incluyentes.

Esta oportunidad histórica puede ser aprovechada por los ciudadanos si logran canalizar su malestar en acciones concretas y en liderazgos constructivos. De lo contrario, las protestas pasarán pronto al olvido y no solo los gobernantes brasileros, sino todos, perpetuaran los modelos hasta ahora aplicados.

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La encrucijada venezolana: un panorama de los retos actuales del chavismo

Venezuela sufre hoy una de las crisis políticas y económicas más severas de los últimos años. Dicha crisis es el resultado de varios factores: el primero de ellos, un modelo económico insostenible a largo plazo en el que la estatización desmesurada de las empresas, la baja producción nacional y el control rígido de la entrada de divisas han explotado en un desabastecimiento alimentario que empieza a generalizarse en el país. Un segundo factor ha sido la fuerte polarización política generada tras la muerte de Hugo Chávez quien ha sido reemplazado por Nicolás Maduro: un presidente incapaz de controlar las mismas fuerzas de su partido, y que desvía constantemente la atención de la crisis interna hacia problemas internacionales.

Fuente: http://www.noticias24.com

Retos a nivel interno y externo

Así, el panorama de Venezuela es complejo y requiere de soluciones prontas y pertinentes.

Ello implica la existencia de grandes retos. A nivel interno, es posible percibir los siguientes: 1) la consolidación del presidente electo como cohesionador de las fuerzas disímiles de su partido político para lograr sacar adelante políticas públicas favorables a la población; 2) el fortalecimiento de los vínculos entre el sector público y el privado, con  miras a lograr acuerdos que beneficien a los importadores que podrían garantizar de cierta forma el abastecimiento del  mercado; 3) la descriminalización de la oposición política con el fin de romper con ciertas dinámicas autoritarias y antidemocráticas, pues hay que recordar que la mitad de la sociedad venezolana no se siente representada en el actual chavismo.

A nivel externo, el mayor reto del actual gobierno es obtener legitimidad internacional y apoyo financiero, recogiendo los frutos de las grandes inversiones políticas y, sobre todo, económicas (gracias a la repartición de petróleo en algunos países de la región) llevadas a cabo durante la era Chávez. En ese sentido, el canciller Elías Jaua ya se ha reunido con algunos de sus pares para lograr acuerdos bilaterales de cooperación.

Posibles obstáculos

Surgen sin embargo dos preguntas en este espinoso panorama. En primer lugar, ¿hasta dónde alcanzará la figura de Chávez para garantizar el apoyo internacional?, ya que si bien Maduro ha intentado copiar el espíritu de su antecesor (al punto de imitar su estilo particular sin mucho éxito), no es difícil reconocer que no cuenta ni con el carisma, ni con la legitimidad, ni con el superávit económico con el que contaba Chávez.

En segundo lugar, ¿hasta dónde sigue siendo sostenible la estrategia de atacar públicamente a sus enemigos internos y externos sin pensar en las consecuencias? La dificultad quedó en evidencia con la pasada crisis diplomática entre Colombia y Venezuela por el recibimiento del jefe de oposición venezolana, Henrique Capriles. Si bien en un primer momento Nicolás Maduro hizo un gran escándalo mediático (tal vez para distraer la presión interna), horas más tarde, el incidente fue superado, pues Colombia es uno de los pocos países que puede abastecer en menos de 72 horas el mercado venezolano, y una crisis política en este momento pone en vilo dicha posibilidad.

Lo anterior revela que las perspectivas del chavismo como partido en el poder se tornan muy difíciles. Los próximos meses probarán la capacidad de maniobra del partido. El deseo es sin embargo que, más allá de la capacidad de permanecer en el poder (capacidad que ha sido demostrada varias veces por el chavismo), se logre la recuperación del bienestar social y económico de todos los venezolanos.

Y dónde está el genocida? anulación de la sentencia contra Ríos Montt.

Español: critica a rios montt huelga de dolores 2,006 universidad de san carlos 6ta ave y plaza vivar zona 1 guatemala city (Photo credit: Wikipedia)

Aparte de ser modos de organización colectiva, lo regímenes políticos son la expresión de una condición humana: la vida en común. Esto significa que la política no se trata sólo de un conjunto de mecanismos o de normas o de aparatos distanciados de nuestra cotidianidad, sino que es, para bien o para mal, parte inevitable de nuestra vida diaria.
Por ello, el descrédito de lo político es un síntoma grave que anuncia la existencia de una disfunción en la sociedad. Indica un total desentendimiento de los asuntos que requieren de la atención colectiva, y entre ellos, quizás el más importante en el de la justicia.
Es un sinsentido que la reflexión sobre la justicia se agote en los procesos y los mecanismos legales – a veces cruelmente deshumanizados –. Una muestra de ello es el proceso actual contra Ríos Montt en Guatemala.
La anulación de la sentencia no es un asunto exclusivamente jurídico. Y lo chocante radica precisamente en que la Corte Constitucional de Guatemala haya declarado que por fallos en los procedimiento no sea válida la pena contra el responsable político de la violencia genocida en Guatemala en los años 80.
Este tipo de situaciones, sin duda, producen un círculo vicioso en la política. Puesto que lo público funciona mal nadie cree; y como nadie cree lo público funciona todavía peor. Y así nuestros regímenes se degradan, nuestra confianza se desvanece, y el valor de nuestra política se reduce a cero.
¿Cómo, son embargo, salir de ese círculo? ¿Cómo reformular la política en sociedades en donde la vida en común está dominada por el terror? ¿Cómo construir una política digna de ese nombre con instituciones políticas y jurídicas que ponen en entredicho el valor de la justicia?
Por el momento, apenas inicia la verdadera controversia del caso Ríos Montt.